Por el escándalo de las afiliaciones truchas, los libertarios pidieron suspender el trámite de conformación del partido en Río Negro. Ya se presentaron más de 30 denuncias penales porque La Libertad Avanza fraguó documentación para poder lograr el reconocimiento provincial.
En la mayoría de las provincias argentinas, La Libertad Avanza es una alianza partidaria, pero no un partido en sí mismo. Para no depender de otras fuerzas, el oficialismo comenzó con masivas campañas de afiliación. Sin embargo, la cuestión no resultó sencilla en Río Negro.
Para suplir la falta de resultados, en Río Negro el partido habría apelado a documentos apócrifos con el objetivo de reunir la cantidad de adhesiones necesarias para ser reconocidos. La principal sospechosa es una funcionaria de confianza de la diputada Lorena Villaverde. Se trata de Celeste Ventureyra, titular del Pami y Ansés en la Zona Andina.
Como contó LPO, la Federación Argentina de Box la suspendió de su cargo como titular de la federación local. Se sospecha que Ventureyra utilizó los DNI de federados rionegrinos sin su consentimiento para presentarlos como afiliados libertarios.
La noticia se viralizó en la provincia y la semana pasada, los representantes de La Libertad Avanza tuvieron que escuchar duras críticas en la audiencia de oposición convocada por la justicia electoral.
Para intentar contener el escándalo, el apoderado de LLA en Río Negro, Jonathan O’Rourke, le pidió al juez suspender por 30 días el trámite de conformación partidario. Además, anunció que daría de baja 500 de las adhesiones presentadas.
En su escrito, según publicó el diario Río Negro, culpó a ex funcionarios libertarios desplazados por las maniobras.
«Oportunamente se demostrará no solo la ausencia de cualquier tipo de delito de los integrantes de esta línea del espacio, sino que todo fue un intento de ensuciarnos e incluso evitar que LLA sea partido en Río Negro», aseguró.
