CÓRDOBA.- Hay preocupación entre los gobernadores porque se acerca el pago del medio aguinaldo. Deben afrontar la obligación en el marco de una caída de los ingresos propios por la recesión y baja de los giros nacionales. Si bien en mayo la coparticipación creció fuerte por el vencimiento de Ganancias de las empresas, el acumulado en los primeros cinco meses del año registra una contracción del 10% real mientras que los giros discrecionales pagados se hundieron 90%.
En varias provincias el pago del medio aguinaldo coincide con la discusión de nuevas paritarias, con una presión creciente por parte de los gremios para recuperar parte del poder de compra perdido en especial en el primer bimestre del año. Al panorama se le agrega el avance de las negociaciones para que la Nación le transfiera obras públicas sin el financiamiento para continuarlas.
Las cuentas se hacen mientras todavía están en discusión la Ley Bases y el paquete fiscal que tiene fecha de tratamiento el miércoles próximo en el Senado. El oficialismo confía en que serán aprobados, aunque deberán volver a Diputados porque hay modificaciones. Desde la Rosada siguen presionando a los gobernadores “dialoguistas” para que le garanticen los votos que necesitan y para, el 9 de Julio, firmar el “pacto” que quedó pendiente el 25 de Mayo.
Desde que los proyectos fueron aprobados en Diputados, los jefes provinciales “dialoguistas” aseguran que ya cumplieron con su parte mientras que el Ejecutivo “se quedó en promesas”. Entre ellas está las que les hizo Guillermo Francos a los mandatarios de Juntos por el Cambio a inicios de abril acerca de que se reiniciaría el pago de Anses de los aportes a las cajas de jubilaciones no transferidas, que son 13. En aquella oportunidad salieron con la garantía de que se recompondría el flujo y con un bono se cancelería el stock de deuda. Tres meses después siguen esperando.
Por ese punto la deuda global estimada es de unos US$2.500 millones. Una solución posible es netear de ese monto lo que las provincias le deben al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, así quedarían US$700 millones. Aunque hay demandas en la Corte Suprema, Milei y Luis Caputo mantienen, por ahora, la decisión de no habilitarles esos recursos a los gobernadores. Todos los meses lo que no envía la Anses lo deben poner los tesoros provinciales.
La oposición que dio media sanción en Diputados a una nueva fórmula jubilatoria incluyó un punto que le pone presión al Ejecutivo: le da seis meses a la Anses para pagar sentencias firmes y cancelar deudas con las cajas provinciales. Milei anticipó que vetará la ley si sale aprobada. Hace una semana el entrerriano Rogelio Frigerio anunció un plan de salvataje para la caja provincial que incluiría una suba de los aportes de trabajadores y del propio Estado. El cordobés Martín Llaryora ya lo hizo hace unos meses y en Santa Fe Maximiliano Pullaro activó una comisión para analizar el régimen vigente. Con las tres Anses tiene deudas que rondan los US$280 millones en promedio.
Esta semana, en Agroactiva, los tres se unieron para reclamarle a Milei un alivio impositivo para el campo; en la primera versión de la ley Bases lideraron la pelea para que se sacara el aumento de las retenciones. Uno de los puntos clave en el ajuste del gasto que instrumenta Caputo pasa por el giro de las transferencias no automáticas a las provincias. Aunque se las llama también “discrecionales” varias se sustentan en leyes, como los pagos de Anses a las cajas provinciales no transferidas.
Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, sobre la evolución de estos giros entre enero y mayo expone cómo los recursos devengados (comprometidos) por la Nación fueron aumentando la intensidad del ajuste, ya que arrancó en 62% y está en 79%. El mayor recorte alcanzó a 18 jurisdicciones. Incluso hay cuatro, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Catamarca, que empezaron con signo positivo y están en negativo.
Entre las que empezaron en negativo, la más beneficiada es CABA, que en enero tenía una pérdida real interanual del 77% y al final de los cinco meses está en 39%. Le sigue Santa Cruz, que pasó de 54% a 46%. Buenos Aires se mantuvo en 77%. De ese grupo, Corrientes fue la que más empeoró (de 15% a 86%); le siguen Tierra del Fuego (de 31% a 94%) y Neuquén (de 38% a 87%).
Cuando el análisis es sobre los fondos efectivamente pagados, a 21 jurisdicciones la Rosada les disminuyó la profundidad del recorte a medida que pasaban los meses. Las tres a las que se los aumentó son Corrientes, Chubut y Córdoba.
Otra vez, a la que más se le redujo la intensidad del ajuste fue a CABA, que comenzó con 100% en enero y terminó en mayo con 17%. Detrás se acomodaron Santa Cruz y Jujuy.
