«La nominación de dos varones es inconstitucional, no hay tribunal en el mundo occidental que esté integrado exclusivamente por hombres», afirma al ex juez de las Juntas y presidente del Colegio de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra.
«El gobierno anterior fue una catástrofe, destruyeron el país. Hay que reconocer méritos del gobierno de Milei, en poder comenzar a reencauzar las cosas. Eso no quiere decir que la democracia no sea más exigente en muchos otros aspectos también», analiza Ricardo Gil Lavedra.
Integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares, diputado y militante radical, este año fue reelecto como presidente del Colegio de la Abogacía. En un caluroso jueves primaveral lucha contra un aire acondicionado rebelde que se niega a arrancar.
Lejos de la política partidaria, pelea contra la ley de sucesión notarial. En un tiro por elevación a Santiago Caputo, asegura que esa iniciativa lobby «puro del gobierno que, por alguno de sus funcionarios, quiere favorecer a los escribanos».
-¿Siguió el juicio a Cristina Kirchner?, ¿Se puede hablar de Lawfare o es una caracterización equivocada?
-Empiezo al revés. No creo en lo absoluto en el Lawfare. Para que exista necesita que el propio juez lo declare. Es una cuestión tradicional de los dirigentes alegar una suerte de persecución política cuando están acusados de hechos de corrupción. No conozco el juicio más allá de lo que informaron los medios. La causa llevó muchos años e intervinieron muchos jueces, muchos de ellos incluso designados por el kirchnerismo.
Hay cuestiones que se plantearon que son complejas. Establecer una responsabilidad del presidente que se saltea la cadena de verticalidad de la administración es complejo. Tiene que haberse acreditado alguna intervención directa de ella. Esta causa es un complemento de las otras: el beneficiario de las obras es Lázaro Báez, a quien ella termina alquilándole los hoteles.
-¿Qué piensa sobre la idea de que Cristina Kichner se equivoca de hacer una defensa política y no técnica y concentrase en el expediente? Cristóbal López quedó en una situación judicial mucho mejor que Cristina Kirchner con los mismos abogados.
-Las defensas técnicas de todos los intervinientes son profesionales excelentes. Lo es Maximiliano Rusconi, que creo que es el defensor de De Vido. Y lo es también Alberto Beraldi (abogado de Cristina y Cristóbal López). Pero está bien, los abogados hacen la defensa hasta donde pueden. En realidad Cristóbal López no está absuelto. La Corte dejó sin efecto la absolución por duda que tuvo en Casación y mandó a dictar un nuevo juicio.
-En medio de este proceso el gobierno de Alberto y Cristina hizo el juicio político a la Corte. Pareció un intento de condicionar, pero sin los votos para lograrlo…
-No tenían los votos ni tenían los hechos. Fue una burrada. Las audiencias en Diputados fueron patéticas. No había verdaderamente hechos que lo pudieran sostener. Todo terminó como tenía que terminar, en el tacho.
-Vamos camino a una Corte de tres miembros, ¿Puede funcionar bien un Tribunal Supremo con esa composición?
-No es lo mejor. Ya tener cinco miembros es un número escaso. Hacerlo con tres no parece que sea lo más adecuado. De todos modos, yo creo que el 80% o el 90% de los casos van a salir con tres firmas. Solamente en algún caso de disidencia tendrán que integrar la Corte con un presidente de una Cámara federal, pero va a ser una pequeña cantidad de casos. Es esperable que se pueden obtener los acuerdos necesarios para para integrar la Corte.
-Hay una idea que está dando vueltas en el gobierno de hacer como hizo Macri, de nombrar a los jueces de la Corte por decreto.
-Me parece que fue un error gravísimo de Macri, como él mismo lo reconoció. Y lo sería también de Milei sí toma ese camino. Es una facultad que quedó en la Constitución y tiene varias dificultades. Una es si se aplica o no se aplica a los jueces, pese a que hay fallos tanto en Estados Unidos como acá, que lo han admitido. Otra cuestión es que la vacante se produzca durante el receso como dice la Constitución. Además, cuando la Constitución es tan escrupulosa respecto del acuerdo de los jueces de la Corte, que tiene que ser por una mayoría calificada, en una audiencia pública, en un proceso de selección en donde intervenga la ciudadanía, etcétera, no parece prudente que el Poder Ejecutivo designe por tres meses, a los jueces. Porque en realidad el 1° de marzo se abren las sesiones ordinarias. Hay un argumento también político, porque, si terminan las ordinarias y el Senado no le ha dado el acuerdo, a los candidatos que propició el Ejecutivo. ¿Tiene sentido insistir con algo que no lo obtuvo en condiciones normales?
-También están dando vueltas cerca de 150 pliegos de jueces. Parece que el gobierno los manda, no los manda, pero filtró una lista. ¿Qué piensa de tener ese stock tan grande de jueces dando vueltas hace años?
-Me parece pésimo. Me parece pésimo (repite). Nosotros nos hemos pronunciado en ese sentido. Es una situación que afecta el adecuado servicio de justicia. Vos no podés tener un 30% de vacantes sin cubrir. Este es un dislate y no tiene ningún sentido que se retengan los pliegos. El Ejecutivo tendría que mandar al Senado a los candidatos que elija y que se cubran esas vacantes. Son enormidades, como por ejemplo retiros de pliego que se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández y después no los mandó nunca.
-¿Por qué ocurre? ¿Los presidentes están más cómodos con menos jueces?. ¿Cuál es la explicación?
-Creo que algo tiene tiene que ver con la negociación política. Y otra parte con una dosis increíble de torpeza y de falta de respeto al funcionamiento institucional. No puede funcionar la justicia bien con un 30% de vacantes.
-Más allá de cómo vaya a ser su nombramiento, ¿qué piensa sobre los pliegos de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo?
-Las nominaciones de dos varones para integrar una Corte compuesta íntegramente por personas del género masculino, resulta claramente inconstitucional. No es admisible efectuar designaciones violando, precisamente, normas constitucionales. Sería una regresión inaceptable que no se nombre ahora a mujeres para la Corte Suprema. No hay tribunal en el mundo occidental que esté integrado exclusivamente por hombres.
-Los gobiernos de Cristina y el de Alberto tuvieron confrontaciones permanentes con la justicia. ¿Cómo ve esa relación en el gobierno de Milei?
-Por suerte el presidente hasta ahora ha sido este muy moderado en sus opiniones respecto del funcionamiento de la justicia. Es lo que debe ser.
-Parece una excepción, porque respecto a todo lo demás no es moderado.
-Todos los gobiernos de fuerte base populista no quieren que nadie discuta sus opiniones. No toleran la crítica. Vemos lo que ocurre con la prensa, los ataques a los periodistas, etcétera. Forma parte también de su de su carácter genético el seguirla con los jueces cuando no fallen de acuerdo a lo que quieren. Todavía no ha ocurrido y espero que no ocurra.
-Muchos consideran que hay una demora excesiva de la Corte Suprema en fallar en temas trascendentales que tiene respecto a cuestiones de coparticipación y otros conflictos entre la Nación y las provincias…
-Creo que la Corte tiene varios expedientes en condición de fallar y espero que dicte alguna decisión, sobre todo este en materia federal. Muchas provincias han recurrido a la Corte por distintas medidas, yo no estoy al tanto del estado de cada uno de estos expedientes, pero entiendo que hay algunos que están en condiciones de ser resueltos.
-¿Cree que esta demora es una especie de criterio político de la Corte de decir: «Bueno, vamos a darle un poco de tiempo»?
-No lo sé. Solo quiero destacar que nosotros tenemos una Corte Suprema independiente. Una Corte Suprema muy elogiada por su decencia, por la honestidad de sus miembros. Y esto es un valor enorme en una sociedad democrática. Creo que debemos tratar de tratar de mantener esta independencia judicial. Espero que las nuevas designaciones también sigan haciendo honor esta independencia. Es estratégico, porque es el único ámbito donde pueden encontrar resguardo los derechos de todos y donde se puede poner límites al poder.
-Tampoco está resuelta la cuestión del procurador, que sigue sin estar nombrado hace varios mandatos.
-Tampoco está nombrado el Defensor del Pueblo, que es el órgano encargado de defender los derechos humanos según la Constitución. Es inaceptable, la respuesta la tienen que dar los legisladores que no han sabido llegar a acuerdos al respecto. Lo mismo en el caso del Procurador. La administración de Macri se empecinó en no buscar un acuerdo genuino y tenía las condiciones para poder nombrarlo. Y luego la administración de Alberto Fernández, que propuso a Daniel Rafecas, un muy buen candidato para la Procuración que hubiera tenido el apoyo de la oposición. Y por cuestiones intestinas internas…
-Había un veto de Cristina.
-Al final terminamos todos pagando estas cosas, por la falta de sensatez respecto a la cobertura de estos cargos, que son importantísimos. Una muy buena medida que ha tomado el Gobierno en el caso del Ministerio de Justicia es poner en marcha el acusatorio. Sobre todo la decisión que tuvo de lanzarlo aún con riesgo de no tener los medios necesarios. A fin de año va a quedar en vigencia en buena parte del país. Esto es una mejora sensible en materia de enjuiciamiento penal federal.
-¿Cuánto participa de la vida política del radicalismo? Imagino que está al tanto de lo que ocurre.
– No estoy participando activamente. Sin duda hay una enorme desorientación en todo el arco político de dónde pararse. La elección de Javier Milei provocó un tsunami y necesariamente va a haber un gran reacomodamiento. Entre tanto, todo está atomizado. No hay sistema democrático que pueda funcionar sin alternativa. Creo que la alternativa tiene que ser de centro para no obligar a los ciudadanos a elegir entre dos extremos.
El radicalismo está sufriendo también esa crisis. Gobierna cinco provincias. Es una responsabilidad enorme, gobierna cerca de 500 intendencias. Hay una responsabilidad de gestión que obliga a una visión particular en su relación con el poder central. Sobre todo para un gobierno que hace uso y abuso de los recursos económicos.
Por otra parte, la crisis se ha trasladado también a los bloques parlamentarios (que debaten) dónde ponerse frente al gobierno. ¿Una posición más dura, más intransigente o una oposición más condescendiente, más complaciente? También hay otro sector que dice: «Bueno, vámonos al gobierno. Si al gobierno le va bien. Hay tantos argentinos que han votado por La Libertad Avanza. Bueno, arrimémonos a ver si nos llevamos algo». Pero se va a superar esto.
-¿Y dónde debería estar parado el radicalismo?
-En primer lugar, el radicalismo perdió las elecciones. No es gobierno. Creo que debe contribuir a poder fortalecer una opción de centro. Acá ha habido una transformación profunda en muchas concepciones y esto es política. Uno puede decir «más Estado, menos Estado», pero de lo que no se puede prescindir es de ciertos principios básicos de la sociedad democrática. Somos una democracia y esto conlleva también el respeto a determinados valores. El radicalismo por historia, por tradición, por desempeño, siempre tiene que estar en la defensa de los valores democráticos.
-El gobierno, a veces de manera explícita, hace una reivindicación de la dictadura. ¿Cómo se condice eso con la idea de un país democrático?
-No, no se condice. Nunca el Gobierno ha hecho una reivindicación explícita, medio larvada…
-Los diputados libertarios visitando a Astiz en la cárcel es bastante parecido a una reivindicación explícita…
-Pero después el gobierno la negó. Tampoco es un gobierno que se caracterice por su homogeneidad ideológica. Uno tendría que ver qué dijo el presidente o la vicepresidenta, aunque ahora parece que cayó en desgracia, pero era la que tenía esa agenda. Digamos que no es un gobieno defensor acérrimo de los derechos humanos. Me da la sensación de que es un tema que no entra mucho en la preocupación del presidente.
-Asocia los derechos humanos a la izquierda, le molesta y lo simplifica rechazándolos?
-Pero eso está mal. Esto no es un patrimonio de la izquierda, ni muchísimo menos. Es de todos. Costó tanto esto. Hay dos principios básicos. La democracia es una forma de resolver pacíficamente las diferencias en una sociedad. Las sociedades tienen una diversidad de opiniones. La democracia es la forma de resolverlo. Primero otorgándole soberanía al pueblo para que elija a las autoridades que quiera para poder cumplir ese ideal de autogobierno. Y el segundo es la no violencia. La democracia política es incompatible con la violencia, y también con no reconocer al otro. La democracia excluye los dogmatismos, excluye a los que se sienten que son dueños de la razón. Porque la democracia lo que supone es que cada uno puede tener sus ideas, sus opiniones, que se fraguaran en algún consenso o por la regla de la mayoría. Pero parte de la base del respeto al pluralismo.
– Hace dos días vimos el acto de los tuiteros del Gobierno con una estética vinculada al fascismo, apelaciones»al brazo armado». ¿Cree que hay una tendencia autoritaria del gobierno o es show?
-Hay una tendencia a la opinión única. Las cosas son como las ve el gobierno o son un improperio. Son imbéciles, estúpidos, malnacidos. Lo que se les ocurra. De ahí a pasar a un régimen más fuertemente autocrático, no lo sé. ¿Cuándo se sale de lo payasesco que tienen muchas de estas manifestaciones, como la del encuentro éste con algunas reminiscencias del fascismo, cuándo se sale de eso a algo más preocupante? La historia da cuenta de que en muchos casos se comenzó así. Y que de la violencia verbal a la violencia material hay un paso. Porque si uno crea una sociedad intolerante, de buenos y malos, de réprobos y elegidos, eso rompe los puentes de convivencia democrática. Es muy importante dentro de una democracia respetarse, lo que no quiere decir que después el pueblo elegirá. Hay que someterse a la opinión del pueblo, pero respetarse. Eso es un valor fundamental. Y todas estas cosas, todos estos discursos verbales, esas rabietas, me parece que no son buenos.
-Milei tiene una característica de pegarle y despreciar al Congreso. Da la impresión que le moleste el Poder Legislativo. Gobierna por decreto.
-No cabe ninguna duda que es de opinión única. Eso no me cabe duda. La razón la tiene el Gobierno. Tiene la verdad revelada. Y la está llevando a cabo gracias a la fuerzas del cielo.
Hay que destacar que la situación que recibió Milei era muy seria, muy grave. Yo creo que el gobierno anterior fue una catástrofe, destruyeron el país. Hay que reconocer méritos del gobierno, en poder, sin medidas extraordinarias comenzar a reencauzar las cosas. Eso no quiere decir que la democracia no sea más exigente en muchos otros aspectos también.
-¿Hubiera esperado una defensa un poco más fuerte de la Unión Cívica Radical cuando el presidente los destrata como partido, cuando califica a Raúl Alfonsín de golpista? Hay una idea de «bueno, son las formas del Gobierno, no es algo grave». ¿Usted como militante radical esperaba otra cosa?
-Hubo muchas expresiones. Algunas desafortunadas, otras tibias. La frase del presidente me parece una barbaridad, una barbaridad (repite), porque creo que todos tenemos que estar agradecidos a este legado de Alfonsín, gracias al cual Milei también es presidente. Quien pudo establecer una democracia política sustentable fue Alfonsín. Yo creo que las formas son sustanciales en un Estado de Derecho y en un régimen democrático. Son muy importantes las formas, porque el Estado de Derecho son formas, son preceptos. Que delante de un grupo de empresarios el presidente haga el gesto de masturbarse en público o cosas así, a mí me causa estupor. Los presidentes y las autoridades en general tienen un efecto ejemplar sobre la sociedad. Es el presidente de todos los argentinos. Y la grosería, la chabacanería, la intolerancia, la violencia no son valores que me parece tengan que inculcarse a la sociedad.
-¿Cómo están los abogados en la actual situación económica?
-Los abogados no está ajenos a la situación actual. Sobre todo, porque es un contexto muy adverso. Hay mucha embestida contra actividades que son propias de los abogados por una cuestión errada. Se piensa que el abogado es un costo innecesario, piensan que no hace falta, entonces se puede cortar, simplificar. En realidad, la tarea del abogado es fundamental para respaldar a la gente en la de defensa de sus derechos.
El proyecto de sucesiones notariales, no es una modernización, es lobby de los escribanos. Se replican las funciones judiciales en los escribanos y no ganamos ni en economía ni en rapidez. Lobby puro del gobierno que, por alguno de sus funcionarios, quiere favorecer a los escribanos.
Los divorcios administrativos es un mal proyecto. Los divorcios son mucho más que las separaciones del vínculo, traen consigo discusiones sobre los hijos, discusiones patrimoniales. Es inaceptable que uno proponga a un funcionario el divorcio administrativo sin resolver los otros temas sin el adecuado asesoramiento legal. El proyecto está mal hecho. Plantea que viene a resolver un problema de demora, pero eso es mentira. Nos vamos a oponer firmemente, son dos proyectos malos, uno inspirado en el lobby y otro en el desconocimiento de la situación.
-Se dijo que el Mega DNU fue redactado por los grandes estudios de abogados. ¿Fue así?
-No lo sé, eso leí en los diarios. Es cierto que el gobierno no tenía una gran dotación de funcionarios en ese momento.
