Los delegados de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de la Unidad Piquetera, entre otras organizaciones de izquierda, no lograron ponerse de acuerdo y pasaron la protesta contra las políticas económica y social del Gobierno de Javier Milei para dentro de dos semanas.
En la reunión que mantuvieron ayer por la tarde se impuso la posición mayoritaria -anticipada por este medio- de no cortar los accesos a los centros turísticos el fin de semana XXL, que va del viernes 29 de marzo a 2 de abril.
La propuesta había sido lanzada por el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, un dirigente social que desde la Secretaría de Economía Social manejó el programa Potenciar Trabajo y que fue denunciado a la justicia por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ante la sospecha de haber favorecido desde su cargo a dos cooperativas de las que había formado parte.
Sí en cambio consensuaron que la próxima “jornada nacional” se realizará el 10 de abril. El martes que viene evaluarán la metodología y el lugar de concentración que puede ser frente a algún ministerio, como el de Capital Humano, o en la Plaza de Mayo. El objetivo será mostrar “masividad” y el poder de convocatoria que, insisten desde la Casa Rosada, perdieron desde que La Libertad Avanza les quitó la tercerización de una parte de los alimentos y el poder discrecional que les deba, a través de Pérsico, manejar las altas y bajas en el Potenciar Trabajo. “Ya no tienen esas herramientas de extorsión”, interpretan en Capital Humano.
La última marcha nacional se llevó a cabo el 18 de marzo. Ese día también realizaron cinco cortes en accesos a CABA y hubo enfrentamientos con las fuerzas federales en los puentes Pueyrredón y Saavedra para evitar que los piqueteros corten arterias nacionales.
Ahora, la metodología será otra: no dividirse y mostrar unidad entre piqueteros de izquierda y peronistas.
Por estos días, algunos dirigentes piqueteros de relieve y de la UTEP, que agrupa a la mayoría de las organizaciones alineadas en Unión por la Patria, debaten el cambio de paradigma que logró imponer La Libertad Avanza: no ceder a las presiones de los movimientos sociales en las calles; aplicar el Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; capitalizar el descontento que genera en los ciudadanos las marchas. “La gente se cansó de estas modalidades, y el protocolo de Bullrich es algo bien para su electorado y hasta para algún sector que no los votó”, analizan.
A La Libertad Avanza también le dio resultado, o al menos eso interpretan, difundir los presuntos hechos de corrupción que generó la administración de Alberto Fernández al “tercerizar” -a través de estos dirigentes- la distribución de alimentos secos a comedores y merenderos comunitarios que dependían de las organizaciones; y denunciar el manejo discrecional que se realizaba del Potenciar Trabajo desde la ex cartera de Desarrollo Social que estaba en manos de dirigentes como Pérsico.
Según los funcionarios de Capital Humano, los movimientos sociales sólo rendían el 8% de los alimentos secos que recibían por parte del Estado. Y el 55% de los comedores que fueron “no existen”.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero desmiente esas aseveraciones. Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció a Pettovello por presunto “mal desempeño” en sus funciones por no asistir a los comedores. “Los perros de Milei comen, los hijos de los pobres no”, definió. También presentó ante la justicia una medida de “no innovar” para que la integrante del gabinete nacional no suspenda, “en la transición a una nueva modalidad de cortar la intermediación”, la entrega de alimentos.
En la reunión, los dirigentes sociales expusieron que además de ese hecho, que recibió hasta la crítica de la Iglesia, debe quedar en claro que también se protesta por otros hechos, como el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual se realizaban las obras de urbanización en los barrios populares. La no renovación de contratos en programas sociales, como el llamado Primeros Años que se creó en 2006, “hoy los pone en riesgo”, según sostienen. A las bajas discrecionales en el ex programa Potenciar Trabajo, que fue dividido en dos, se suma el anuncio que hoy realizó el gobierno nacional que depurará el padrón de cooperativas y dará de baja miles creadas entre 2020 y 2022.
Ayer, los piqueteros denunciaron ante la justicia la “discriminación” en las bajas del Potenciar Trabajo. Afirman que buena parte de los 22.501 beneficiarios que fueron suspendidos del programa pertenecían a la comunidad boliviana. Desde Capital Humano justificaron que esas personas viajaron al exterior. Sin embargo, en el amparo colectivo hay casos de beneficiarios que nunca salieron del país y otros que lo hicieron por enfermedad o muerte de familiares.
Sobre este punto, Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, y quien participó de la reunión de ayer, le dijo a este medio: “Javier Milei, Sandra Pettovello y Pablo de La Torre -secretario de Niñez, Adolescencia y Familia- desprecian la vida, el sufrimiento de miles de familias con niños y niñas a su cargo, la angustia de una población que recibe un golpe tras otro. Realmente son muy crueles. Es el gobierno del ‘si pasa, pasa’” y explicó: “Desde que asumió Milei, el Potenciar Trabajo quedó congelado en $78.000 por haber sido desvinculado de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Claramente responde a un ajuste brutal a los sectores que menos tienen”.
La ex candidata a la gobernación por la provincia de Buenos Aires recordó: “En diciembre del año pasado, la Canasta Básica para no ser indigente era de $199.609. Una familia necesitaba $121.609 para completar el Potenciar Trabajo. Ahora, en febrero, la Canasta aumentó a $322.851 para no ser indigente. La caída del poder adquisitivo es del 101%”.
Sobre estos temas también se habló ayer en la reunión. Cada uno de los asistentes, además, sabe que, al menos en estos momentos de fortaleza, el Gobierno de Milei no se sentará a negociar con los piqueteros como sí lo hizo el de Mauricio Macri a través de la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley quien se reunió, entre otros con Emilio Pérsico y Juan Grabois. La desactivación de parte de los conflictos callejeros se logró después de conseguir una mayor cantidad de planes y, entre otras medidas, la promulgación de la ley que declaraba la emergencia alimentaria. Un hecho que no era inédito ya que había sido implementada en 2002, durante la Presidencia interina de Eduardo Duhalde.
En este momento, entre la dirigencia piquetera prima la confianza. Reconocen que por ahora hay “desmovilización de los propio sectores afectados por la feroz política de la motosierra aplicada por Milei”, pero especulan que con el correr de las semanas eso se modificará.
De hecho, analizaron como auspiciosa la reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al llamar a un paro nacional por los despidos en la administración nacional. El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, se dirigió directamente a Milei a través de las redes sociales y advirtió: “Mire, Presidente, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. La conflictividad social en el Estado va a seguir en aumento. Si dispone esas cesantías masivas, cumplimos en informarle que esa decisión se lo va a llevar puesto a usted”.
Sectores piqueteros de izquierda podrían participar “como señal de apoyo y solidaridad” en las marchas que comenzará a realizar ATE antes del paro nacional, que aún no tiene fecha definida.