Con la reaparición en las negociaciones de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el debate sobre la ley Bases y el paquete fiscal volvió, al menos, a encaminarse. No obstante, el Gobierno se enfrenta ahora a la compleja decisión de definir hasta dónde cederá sus banderas para conseguir los tan ansiados y promocionados dictámenes, ante un grupo de la oposición dialoguista que tomó la ventana que abrió la Casa Rosada y aprovecha, a medida que pasan los días, a armar un festival de modificaciones sobre ambas iniciativas.
Veamos el delicado escenario. Primero, el oficialismo perdió, de manera insólita, 15 días de debate. El Ejecutivo intentó correr a Villarruel de las charlas bilaterales y, luego de dos semanas, le pidió reactivar frenéticas reuniones con senadores y gobernadores. También hizo lo propio el Gobierno, que bloqueó a funcionarios sueltos que quizás no comprendieron el trasfondo de lo que está en juego y armó un grupo que se movió, en conjunto, desde el jueves pasado.
La jugada quedó plasmada en la visita que realizaron a la Cámara alta el segundo de la jefatura de Gabinete, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Si bien no estuvo en el cónclave -iba a hacerlo-, hay que sumar a ellos al asesor presidencial Santiago Caputo. Hubo buena predisposición en esta ocasión y el objetivo es llegar a un acuerdo con la oposición dialoguista, donde están los votos que necesita La Libertad Avanza.
Con la ventana abierta para la negociación, el peronista disidente Juan Carlos Romero -clave en diciembre pasado, cuando juntó a 39 legisladores para votar autoridades e integrar comisiones, en detrimento del kirchnerismo- aglutinó en los últimos días entre cinco y ocho senadores que, en el transcurso del fin de semana, delinearán las sugerencias de cambios a ambos proyectos.
Esta cuestión es sustancial. Antes de llegar al recinto se necesitan los dictámenes de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Allí se encuentran varios de los “dialoguistas” que tienen juego propio, visiones distintas entre ellos y, en algunos casos, un ego que precisa varios ambientes.
A partir del lunes, el Gobierno tendrá que hacer frente a los reclamos sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo, las facultades delegadas, la desactivación de la moratoria previsional y las privatizaciones, entre otras cuestiones. Ni hablar del artículo sobre Ganancias, que está al borde del nocaut.
¿Cuál es el túnel que piensan estos dialoguistas? Presentar un texto que sea aceptado por el oficialismo para blindar firmas en las comisiones y llegar al recinto sin rechazos en artículos clave -salvo Ganancias, por ahora- y dejar el camino liberado para que Diputados tome la última decisión. Sería la forma de salvar la discusión en el Senado.
Esta opción no es tan sencilla ya que, por caso, cuando el Gobierno retoque un artículo, habrá una potencial firma del dictamen que se quejará. Al compensar, refunfuñará otra. Una verdadera trampa. Igual, el oficialismo necesita sí o sí a los dialoguistas para los despachos y sólo podría obviar a algún legislador de este grupo. No más. Es decir, un terreno barroso.
Después será la hora del recinto, si es que no ocurre una tragedia en el medio. Allí, habrá senadores que no querrán votar algunos artículos y comenzará una estrategia de ver quién se levanta y quién del “banco de suplentes” se expone a sostener el número, un trabajo de magnitud para un oficialismo libertario que, salvo sus principales nombres –Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala-, se ausentó en gran parte del plenario de las comisiones. Un verdadero papelón. En medio de todo esto, aparecen opciones de incluir temas no contemplados en Diputados. “No lo descartamos”, expresaron de un despacho oficialista a Infobae.
Con todas estas consideraciones, el plenario retomará el debate el martes próximo y, en el ideario más positivo, los consensos tendrían que aparecer para dictaminar el jueves. Sin embargo, ya hay quienes deslizan con sutileza que no hay ningún apuro y que el tratamiento podría extenderse aún más.
Lo que queda por preguntarse, con todo este embrollo, es qué pensaron los diputados de muchos bloques -con representación en ambas Cámaras- al aprobar los hoy tan tironeados proyectos, y qué cara pondrán si regresan en segunda revisión. Los senadores, por qué no actuaron en espejo y no advirtieron a sus fuerzas en cuanto a las fallas de las leyes.
Algo sí está más que claro: no existe ningún tipo de liderazgo opositor en el Congreso -por eso las picardías para sacar ventaja con estas leyes- y la Casa Rosada ya sabe, con anticipación, lo que le pasará cuando en septiembre envíe el Presupuesto 2025.