Un sector de la Policía de Misiones mantiene un reclamo con acuartelamiento en el Comando Radioeléctrico. Anoche la manifestación contra el gobierno de Hugo Passalacqua derivó en un campamento, al que se sumaron docentes y penitenciarios. El reclamo es por aumentos de salarios, pero derivó en otras reivindicaciones contra la gestión de los últimos 20 años que lidera Carlos Rovira (fotos Infobae)
El conflicto con la Policía de Misiones escaló tras el fracaso de las negociaciones entre los efectivos y el gobierno provincial. «Se viene algo muy grave», advirtió el vocero de los policías, Ramón Amarilla. El Gobierno provincial y los efectivos que están acuartelados iniciaron conversaciones este domingo, pero no llegaron a un acuerdo y el conflicto podría profundizarse en las próximas horas.
“La propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”, se quejó Amarilla en declaraciones a la prensa. En ese sentido, enfatizó: «Acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”.
“A esta gente se le va a incendiar la provincia, no han resuelto nada con ningún sector. Nos quisieron apretar para que firmemos hoy, para que impacte a fin de mes. Pero nosotros queremos que esté cubierta la canasta básica para los policías», enfatizó el representante de los efectivos.
El conflicto tiene epicentro en el Comando Radioeléctrico, pero alcanza también a la Infantería y a personal de salud, ya que se sumaron a la protesta algunas ambulancias.
El temor de la provincia es que la situación derive en una huelga policial, lo que eleva la preocupación entre la ciudadanía.
“Estamos al borde de una huelga policial en la provincia. Nosotros no somos piqueteros, somos profesionales que nos preparamos para hacer el trabajo policial y penitenciario. Pero con estos sueldos de hambre, es imposible trabajar», subrayó Amarilla.
Y completó: «Ya estamos jugados. La gente va agarrando más bronca y vamos a tener más acompañamiento. Acá tenemos más de 15 mil personas».
“Estamos esperando a que ellos tomen verdadera conciencia de esto. Se les planteó lo que podía suceder, porque acá hay muchos sectores que están viniendo, no solo la policía. Esto va a estar muy jodido”, afirmó Amarilla.
El gobierno de Misiones ratificó que no habrá marcha atrás contra las acusaciones judiciales que recaen sobre los organizadores de la protesta policial en la sede del Comando Radioeléctrico de la ciudad capital, según informó a Infobae una importante fuente del ejecutivo provincial.
“No se puede dejar sin efecto una denuncia”, expresó un funcionario del círculo cercano al gobernador Passalaqcua y agregó el motivo de la confirmación. “Son delitos de acción pública, como la sedición agravada; robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado”.
Además, la fuente agregó que las manifestaciones actuales no tenían sustento, ya que el aumento salarial “se iba a anunciar el lunes” y que eso “se sabía desde la semana pasada”.
Efectivos en actividad y retirados de las fuerzas policiales misioneras amanecieron en medio de una creciente tensión por la posibilidad de un operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis conformado entre el gobierno misionero y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La protesta se prolongó todo el fin de semana sin que se produjera ninguna intervención de hecho de las fuerzas de seguridad, que permitieron tanto la inusual manifestación, como la realización de un campamento.
Los manifestantes prepararon el fin de semana el terreno para un posible choque con las fuerzas federales y formaron dos especies de barricadas en las esquinas de avenidas Uruguay y Trincheras de San José, como así también dos cuadras más abajo, en Uruguay y Félix Aguirre. “Acá hay familia policial, hay chicos y hay gente que viene a apoyar a sus padres y ahí están los agresivos”, señaló un manifestante.
Passalacqua, el vicegobernador Lucas Romero y el jefe de gobierno provincial constituyeron un Comité de Crisis, según lo infiere la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de frenar la protesta. En paralelo, las autoridades se comunicaron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para coordinar la asistencia de las fuerzas federales.
El ministro Francos confirmó que este lunes habló tanto con Passalacqua como con Rovira. Dijo que les transmitió el acompañamiento del gobierno nacional, pero aclaró que no hubo un pedido de más ayuda financiera.
El ministro del Interior precisó que no hubo en esa comunicación una negociación ni un pedido de las autoridades misioneras de asistencia financiera. Advirtió Francos que, en caso de ocurrir eso, debería ser mediante una solicitud formal de Aportes del Tesoro Nacional
A pesar de que en los planes iniciales no estaba previsto que los agentes federales intervinieran en la situación, un oficio judicial firmado por el Juzgado de Instrucción N°6, Secretaría N°2, de Misiones habilitó a Pérez a que pudiera requerir de manera formal la participación de la Gendarmería Nacional al comandante de la Región N°6, Gabriel Calleja.
“El presente pedido obedece a la necesidad de contar con el auxilio de la fuerza necesaria en atención al gran número de personas involucradas”, argumentaron desde el Poder Judicial misionero al hacer referencia al oficial y los 60 suboficiales de la Policía de Misiones que tomaron la dependencia policial durante la madrugada del 17 de mayo.
El juez que interviene en la causa, Ricardo Balor informó que los efectivos involucrados en la toma del cuartel serán imputados por los delitos de sedición, agravada por la condición de funcionarios públicos y por estar armados, asociación ilícita, robo de material y destrucción de la propiedad del Estado. “Se actuará con dureza y con todas las consecuencias de la ley”, sentenció el ministro, quien denunció que los agentes “robaron un patrullero y, con la cara tapada arrojaron gomas para luego incendiarlas”.
Ramón Amarilla, vocero policial de Misiones, aseguró que “la propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”.
«Acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”, dijo el líder de los policías que se levantaron en Misiones.
“Estamos al borde de una huelga policial en la provincia. Nosotros no somos piqueteros, somos profesionales que nos preparamos para hacer el trabajo policial y penitenciario. Pero con estos sueldos de hambre, es imposible trabajar. Ya estamos jugados. La gente va agarrando más bronca y vamos a tener más acompañamiento. Acá tenemos más de 15 mil personas”, argumentó frente a la prensa en Misiones.
Amarilla anticipó cuáles serán los próximos pasos en el conflicto: “Seguimos con el acampe y, lamentablemente, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, y agregó que “las negociaciones siempre estuvieron cortadas, nosotros tuvimos que estar ochos días ahí para que nos atiendan. No hay voluntad política. Este gobernador, en su momento, también había destruído la mesa de diálogo. No quieren escuchar la verdad”.
El Gobierno había anticipado la semana pasada que la recomposición salarial para todo el sector público se concretaría este lunes. Pero, en el interín, estalló la revuelta de una facción de uniformados. La movida, motorizada por un grupo de dirigentes retirados de la fuerza, arrastró principalmente a suboficiales, personal que tiene sus estudios secundarios e incluso primarios incompletos. Se sumaron también algunos docentes. Y beneficiarios de planes sociales nacionales que fueron dados de baja.
El lunes se conocieron del acuerdo alcanzado con los docentes. El salario mínimo pasará de 265 mil pesos a 400 mil pesos, para maestros de primaria y sin antigüedad. Desde el gobierno, además, informaron que docentes de secundaria “llegarán al millón de pesos”.
“El aumento es del 27% en promedio. Lo mismo se ofreció a otros escalafones, sobre todo en salud, donde se espera acordar y en la policía, que es el sector más renuente a acordar”, agregaron desde el ejecutivo provincial.
En el seno del Gobierno misionero hay preocupación, y hasta cierto temor, de que esta última alternativa sea la más factible. Observan que en las últimas horas se ha acercado más gente de otros sectores a la sede del Comando Radioeléctrico, foco del conflicto desde el viernes.
Dentro de los grupos que se han plegado al levantamiento está una fracción de la salud provincial. Empleados de esa repartición sacaron de servicio cinco ambulancias del servicio de emergencias 107 (que cumple una función similar a la del SAME en Buenos Aires). Y llevaron las unidades al piquete.
Fotos de Infobae. Información propia con aporte de la agencia de noticias NA.