La ONG Foro Penal informó este sábado que 18 adolescentes habían sido excarcelados en las últimas horas, tras haber pasado días detenidos por su participación en las protestas postelectorales. El vicepresidente de la Organización, Gonzalo Himiob, fue el encargado de comunicar la noticia y actualizar el balance de jóvenes tras las rejas, que llegó a superar el centenar.
“Tras audiencias realizadas en Táchira (oeste) y Portuguesa (oeste), son excarcelados bajo medidas cautelares 12 adolescentes (hombres) y una adolescente (mujer) en Táchira, y cinco adolescentes (hombres) en Portuguesa”, indicó en un mensaje en redes sociales, precisando que, de momento, son 80 los menores detenidos.
La víspera, la ONG ya había informado la excarcelación de otros 16 adolescentes, cuatro mujeres y 12 hombres, esta vez en Caracas. También habían sido “encarcelados en el contexto de las protestas” desatadas después del fraude electoral del 28 de julio, y fueron puestos en libertad “bajo medidas cautelares”.
Según Foro Penal, previo al 29 de julio, cuando se conocieron las primeras víctimas de la represión del aparato de seguridad de Nicolás Maduro, “no había adolescentes detenidos”, lo que expuso la escalada en la violencia del oficialismo contra el pueblo, ya sin importar si quiera su edad.
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Según Foro Penal, previo al 29 de julio “no había adolescentes detenidos”, lo que expuso la escalada en la violencia del oficialismo contra el pueblo (AP)A la par, la Organización denunció, en las últimas horas, el traslado irregular de algunos presos en el estado insular de Nueva Esparta. “Familiares desconocen el lugar dónde los llevan. Indican avión preparado para traslado fuera de la isla de Margarita”, publicaron este viernes en X y advirtieron que “las autoridades, al no informar a los detenidos y a sus familiares a dónde los van a trasladar, están incurriendo en una violación de la Constitución”.
También, señalaron que a los detenidos no se les respeta su derecho a la legítima defensa, con abogados privados, por lo que son obligados a aceptar la representación del Estado, en procesos judiciales poco transparentes. “En la mayoría de los casos de las detenciones en el contexto postelectoral, se ha impedido a los detenidos nombrar a abogados de su confianza”, escribieron.
El Observatorio Venezolano de Prisiones fue otra de las ONG que hizo eco de esta situación, en su caso, advirtiendo sobre el traslado de al menos 700 personas a las cárceles de máxima seguridad de Tocorón y Tocuyito, en el centro del país, sin notificar a las familias. “Observamos con suma preocupación que los traslados de estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarse la comida a las comandancias policiales”, indicaron en un comunicado.
El texto agrega que “no hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar ni de cuándo serán los días de visita y bajo qué condiciones serán”. “En ninguno de los penales hay una lista de trasladados y, hasta la fecha, a ninguna de estas personas se le ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza”, reitera el documento.
El último balance extraoficial, que data del 26 de agosto, dio cuenta de 1.780 detenidos en el marco de las protestas electorales, de los cuales 1.624 eran civiles y tan solo 156 militares, mientras que 1.666 eran adultos y -entonces- 114 eran adolescentes. A su vez, 149 ya han sido condenados, en su mayoría por delitos de terrorismo o similares.
(Con información de EFE)
