El peronismo apuesta a convertir a la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control del sector público, en su búnker de resistencia. Confía en renovar al menos uno de los tres integrantes cuyos mandatos vencieron el viernes pasado y, con la mayoría asegurada, buscará seguir de cerca la gestión de Javier Milei y, en especial, el proceso de privatizaciones de las empresas públicas una vez que se ponga en marcha.
Atento a ello, el presidente de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos, se encargó de armar un equipo con dirigentes de fuste que supieron integrar la primera línea del gobierno de Alberto Fernández: Vilma Ibarra, exsecretaria de Legal y Técnica; Julio Vitobello, exsecretario general de la presidencia; Raúl Rigo, exsecretario de Hacienda y experto en el tema presupuestario, y Cecilia Todesca, exvicejefa de Gabinete y exsecretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería.
A ellos se suman Silvia La Ruffa, nombrada por Olmos como secretaria ejecutiva de la AGN, y la exsenadora kirchnerista y titular de la DGI Virginia García, como asesora. Un gabinete que reproduce, a menor escala, aquel que acompañó al expresidente Fernández hasta el final de su mandato y que aspira a garantizarle que no tendrá sobresaltos cuando en breve la AGN comience a auditar su gestión.
El colegio de auditores está integrado por siete miembros: tres representantes por el Senado, tres por la Cámara de Diputados y la presidencia que, tal como establece la Constitución Nacional, le corresponde a la principal fuerza opositora al gobierno de turno. El peronismo se aseguró este cargo el año pasado con la designación de Olmos, ungido tras un acuerdo entre Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Además de Olmos, el PJ cuenta con otros dos miembros: los auditores Javier Fernández y Graciela De la Rosa, que representan al Senado y cuyos mandatos vencen recién en dos años.
En minoría, quedó el radical Alejandro Nieva, también representante de la Cámara alta. Resta ahora que la Cámara de Diputados designe a los tres miembros que reemplazarán a los peronistas Santiago Mihura Estrada y Juan Forlón, y al radical Jesús Rodríguez, expresidente de la AGN. Los mandatos de los tres vencieron.
Hasta ahora, la relación de fuerzas favorece al peronismo: de los cuatro auditores, tres son de su palo. Los diputados de Unión por la Patria, primera minoría en la Cámara, pretenden ocupar las dos vacantes del peronismo; el oficialismo y la oposición dialoguista no están dispuestos a concedérselas. A priori le entregarían una sola de las vacantes. De ser así, el peronismo igual saldría ganando pues se garantizaría la mayoría, con cuatro de las siete sillas que componen el colegio de auditores, incluida la más estratégica, la presidencia.
Olmos prefiere cultivar, por ahora, un bajo perfil. La derrota en las urnas obligó al peronismo a un repliegue táctico y así se mantendría mientras el presidente Javier Milei goce del favor popular. Sin embargo, la AGN podría convertirse en un serio dolor de cabeza para el Gobierno si el clima social y político cambia.
En efecto, si bien sus informes son ex post (es decir, una vez concluido el ejercicio correspondiente) y, de hecho, llevan una demora de años, lo cierto es que, en nombre del control, la AGN tiene acceso a todos los recovecos del sector público nacional: administración central, empresas y entes del Estado, organismos descentralizados y fondos fiduciarios. Quien supo aprovechar esta oportunidad fue el radical Leandro Despouy (ya fallecido), quien como jefe de la AGN utilizó el organismo para denunciar en los medios e incluso ante la Justicia corruptelas varias ocurridas durante la etapa kirchnerista.
La AGN no solo auditará la gestión de Milei una vez que concluya la revisión de las cuentas de Fernández. Además, tendrá un papel relevante en el proceso de privatizaciones que el gobierno libertario pretende encarar porque a instancias de la oposición, se incluyó un artículo en la nueva versión de la Ley de Bases que encomienda a la AGN la elaboración de un examen sobre los aspectos legales y financieros de cada uno de los trámites de privatización que se hayan concretado, una vez finalizados. Difícilmente en esa instancia los peronistas –contrarios a toda privatización- callen su voz.
Negociaciones al rojo vivo
En la última semana el oficialismo aceleró las negociaciones con los bloques opositores dialoguistas para cubrir dos de los cargos vacantes en el organismo, ya que el tercero -en principio- iría para Unión por la Patria. Los bloques de La Libertad Avanza y Pro le siguen en cantidad de miembros y si bien la Casa Rosada dejó trascender que impulsaría al abogado Santiago Viola -el apoderado nacional del frente libertario- para uno de los lugares, otras fuentes deslizan que podría cedérselo al sector dialoguista de la UCR si, a cambio, éste aporta sus votos en el Congreso en las leyes por venir.
El nombre de Viola despertó todo tipo de suspicacias en la Cámara: como letrado enfrentó acusaciones por plantar testigos falsos contra el juez Sebastián Casanello (por las que fue sobreseído) y, además, representó a uno de los hijos de Lázaro Báez en las causas por lavado de dinero. “Habrá que ver qué apoyo consigue en el recinto”, deslizan, escépticos, en la oposición.
Con el bloque de Pro ocupando una de las vacantes -aún no está definido el nombre del futuro auditor-, el radicalismo se ilusiona con ocupar el lugar de La Libertad Avanza si éstos finalmente lo ceden. En la compulsa se miden los exdiputados Mario Negri y Alejandro Cacace, este último promovido por el jefe del bloque, Rodrigo De Loredo. El cordobés ha dicho que no niega los pergaminos de su comprovinciano Negri como legislador, pero sostiene que es necesaria una renovación generacional y dirigencial en el partido. Cacace, agrega, ha demostrado su vocación dialoguista en la negociación por la Ley de Bases; es, de hecho, el delegado del bloque para esa tarea.
Negri, por su parte, no solo ostenta su trayectoria parlamentaria para el puesto; también dice contar con el guiño de Miguel Pichetto, jefe de Hacemos Coalición Federal, cuyos votos son claves en la compulsa. En la búsqueda de apoyos consiguió la venia de Martín Lousteau, jefe del partido, y de cuatro de los cinco gobernadores radicales.
La AGN es un destino por demás codiciado, no solo por su rol de contralor del sector público sino además porque los mandatos de los auditores duran ocho años. Difícilmente los bloques dejen pasar la oportunidad de poner allí un pie, aunque el resultado de las negociaciones es aún incierto.
