La senadora Juliana di Tullio y su par neuquina Silvia Sapag le pidieron precisiones al abogado Carlos Nielsen Enemark por los alcances del artículo 31 de la ley ómnibus, que establece la normativa para entender el procedimiento administrativo ante el silencio o la ambigüedad de las oficinas públicas.
La preocupación de las legisladoras es que el inciso b de ese artículo, contenido en el título referido a la reforma del Estado y el capítulo dedicado al procedimiento administrativo, es que existan agentes que puedan aprovecharse de ese fragmento de la ley para quedarse con tierras fiscales o patrimonio público. Con una ley que fue escrita originalmente por el equipo de Federico Sturzenegger y abogados de empresas, la advertencia aplica ante la posibilidad de que esa parte del texto esté escrita a la medida de grandes desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo.
«Cuando una norma exija una autorización u otra conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo», dice la letra del inciso b, y agrega: «La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento».
Si bien se aclara en la ley que ese apartado no podrá aplicarse «en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio», el tercer párrafo promueve que «configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa».
Ante esa situación, Sapag fue contundente: «Nuestra Patagonia peligra», dijo.
Sin embargo, fuentes del kirchnerismo en la Cámara Baja, donde la ley consiguió media sanción sin que los legisladores pusieran el foco en ese artículo, indicaron a LPO que hay otras leyes que impedirían que cualquiera pueda reclamar titularidad sobre la tierra ante el silencio de la administración pública.
En un despacho del peronismo, recordaron que «la Corte sentó jurisprudencia y el silencio administrativo no corre si hay un reclamo anterior a quien suponga que puede apropiarse de tierras». «Hay que ver cómo se reglamenta, aunque es cierto que ningún reglamento puede contradecir la ley», indicaron.
La kirchnerista di Tullio había utilizado su intervención para preguntarle lo mismo que Sapag a Nielsen. «Ayúdeme, voy a fantasear», dijo la senadora para que el expositor invitado siguiera su razonamiento, y puntualizó: «como acá el dominio no está y en eso pueden entrar las tierras que tiene el Ferrocarril Sarmiento, por ejemplo -yo soy de Morón-, voy y pido permiso para hacer un emprendimiento privado en las tierras donde tiene dominio el AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) pero no me contesta en 60 días, por lo tanto la respuesta es positiva».
El abogado respondió afirmativamente. «Sí, en los términos del artículo, sí». «Yo pido, no me contestan y es mía», razonó di Tullio, y agregó: «si a mí no me contestó en 60 días, pelito pa’ la vieja, es mía, esa tierra es mía». «Me suena a un montón de negocios inmobiliarios», aseveró.
Nielsen asintió con su cabeza. «¿Es correcto lo que estoy pensando, doctor?», preguntó la senadora. «Está pensando correctamente», contestó el expositor, y di Tullio ironizó: «es muy bueno esto, ¿eh? La verdad, es excepcional».
Más temprano, Martín Lousteau también mencionó el tema en una entrevista concedida a Radio Con Vos. «Cuando veo cómo es la reforma de la ley de procedimientos administrativos, también veo cierta visión más del sector privado que del interés público», expresó el senador radical, y agregó: «detrás de la máscara del ‘vamos a hacer más rápido’, va a fomentar la corrupción porque es más fácil hacerse el tonto y no contestarte que vos no estás autorizado a tener que firmar algo que dice que sí».
Nielsen Enemark, por su parte, respondió lo contrario a di Tullio en el Congreso. A su criterio, ese artículo hará que todos los funcionarios se expidan explícitamente rechazando peticiones para evitar problemas legales.
Como sea, el artículo ya aglutina objeciones en diversas bancadas opositoras. Desde el oficialismo, nos respondieron a las consultas de LPO.
