La mesa técnica del Ejecutivo piensa en vender la firma a través de un decreto. Afirma, además, que cuenta con el aval en el estatuto de la compañía.
Javier Milei y su círculo más chico quieren avanzar con la privatización del Correo Argentino sin pasar por el Congreso. La iniciativa se trabaja después de que se oficializó la desregulación de los servicios postales. La mesa técnica del Ejecutivo piensa en vender la empresa cuyo principal accionista es el Estado Nacional a través de un decreto y asegura que cuenta con el aval en el estatuto de la compañía.
El Ejecutivo se basa en una serie de puntos que se encuentran en el estatuto de la compañía y mencionan la posibilidad de pasarlo a manos privadas. Por ejemplo, el artículo 34° indica que “hasta tanto se privatice el servicio oficial de correos, el directorio estará integrado por tres titulares”. Por otro lado, el Decreto 1075/2003 instruye al entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que, “dentro del plazo de 180 días, llame a Licitación Pública Nacional e Internacional a fin de volver a privatizar el servicio público postal”, señala su artículo 4°.
El proceso que evalúa la Casa Rosada para vender la empresa es el mismo que propuso en julio, cuando excluyó a la compañía de la lista de privatizaciones de la Ley Bases, junto a Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.
“El Presidente dijo que todas las empresas públicas que generan servicios que podrían dar los privados, y el Correo es evidente en esto. Tienen que ir hacia un proceso de privatización, concesión o transferencia a empleados”, dijo este lunes Sturzenegger, en diálogo con Radio Mitre.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado agregó: “Bajamos de 16.000 a 12.000 los empleados del Correo Argentino sin afectar la calidad del servicio, es un dislate que heredamos de la gestión anterior”.
Sus declaraciones fueron luego de que se oficializó el decreto 1005/2024, publicado en el Boletín Oficial, que desreguló la actividad para fomentar “la transparencia, simplificación, digitalización y seguridad del servicio”. Además, el Gobierno quiere promover “la libre competencia y la eliminación de decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios”.
“Nosotros queremos sacárnosla de encima”, dijo un funcionario en Casa Rosada este mediodía, para profundizar la postura del Ejecutivo. En la sede de Gobierno evitan dar detalles sobre posibles compradores.
El proceso de privatización podrá llevarse a cabo mediante la venta de acciones, activos, establecimientos o unidades productivas. También podría ser a través de su administración, con o sin opción de compra durante un período determinado.
El encargado avanzar con las privatizaciones de empresas públicas está Diego Chaher, exinterventor de Télam, que dirige la Unidad Ejecutora dentro del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
Los detalles del Correo Argentino, otra de las empresas que el Ejecutivo quiere privatizar
El Correo cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.
Correo Argentino es la empresa que realiza el Servicio Básico Universal (S.B.U.), al que está obligado por ley, y que implica llegar a todo el territorio argentino de manera frecuente y “con un precio accesible”. Las tareas que ofrece el organismo comprenden todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía.
Sin embargo, tras la desregulación del sector, ahora la empresa no tendrá el monopolio para el envío de cartas documentos, telegramas y encomiendas.
