Dos millones de hectáreas quemadas en dos meses: los incendios en Bolivia están fuera de control y llegaron a áreas protegidas

El fuego avanza sin control en la región oriental de Bolivia. Según datos de la Gobernación de Santa Cruz solo en el departamento de Santa Cruz se quemaron dos millones de hectáreas en los dos últimos meses. Haciendo una comparación, la superficie quemada en el departamento de Santa Cruz equivale casi la totalidad del territorio de El Salvador.

Según datos publicados por el periódico El Deber, en el resto de los departamentos se quemó cerca de un millón de hectáreas, lo que incrementaría el dato a tres millones de hectáreas quemadas en todo el país.

Los incendios forestales en Bolivia suelen originarse en las quemas “controladas”, un mecanismo utilizado para preparar la tierra para los cultivos y que a menudo se salen de control por vientos y se agravan con la sequía. La senadora Cecilia Requena, en entrevista con Infobae, añadió que también se producen quemas con fines especulativas, pues la tierra deforestada vale más que aquella con ecosistemas en pie.

La información sobre la cantidad de incendios no es fácil de rastrear y las instituciones presentan cifras dispares. La noche del jueves 22 de agosto, el Ministerio de Defensa informó en conferencia de prensa que habían cuatro incendios activos, tres en el departamento de Santa Cruz y uno en el Beni. Sin embargo, el mismo día, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz de la Sierra anunció que se había registrado el pico más alto de incendios en lo que va del año con 35 incendios activos solo en ese departamento.

Bomberos intentan sofocar el fuego, pero la situación se complica por la sequía y los vientos.

Las hectáreas afectadas se han producido principalmente en pastizales, zonas de cultivo y en al menos seis áreas protegidas, de acuerdo a un reporte del Observatorio Bosque Seco Chiquitano. La primera reserva afectada es el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), en el municipio cruceño de San Matías, donde el fuego llegó hace diez días y aún no puede ser controlado.

Según videos publicados en redes sociales, la noche del jueves las llamas estuvieron a pocos metros de una unidad educativa pero logró ser sofocado cerca de las 22:00. Se teme que el fuego de esta región se expanda y afecte a comunidades aledañas donde la población sufre los efectos tóxicos del fuego y el humo, y -como todos los años- clama a las autoridades por ayuda.

Mientras los esfuerzos del Estado no logran controlar la emergencia, la sociedad civil se organiza para ayudar a los bomberos voluntarios a través de donaciones de dinero, comida, medicamentos y equipamiento.

El fuego estuvo a metros de una unidad educativa en San Matías.

Bolivia cuenta con un marco normativo que se divide en dos categorías, las que “perdonan” los desmontes y las quemas ilegales realizadas en un periodo determinado y las que legalizan la expansión de la frontera agrícola, los desmontes y las quemas. Según la Fundación Solón, estas leyes -aprobadas entre 2013 y 2019, durante el Gobierno de Evo Morales- son consecuencia de una política económica que “busca afianzar un modelo desarrollista basado en la extracción de los recursos naturales, ya siendo estos los hidrocarburos, los minerales o la agricultura y ganadería extensiva”.

Para la senadora Requena, estas normas están en vigencia y no se abrogan porque hay sectores cuyos intereses se benefician con el fuego. “Hay tres sectores –el Gobierno, la empresa agropecuaria y los colonizadores– que lamentablemente comparten una visión insostenible de lo que debe ser la agropecuaria en Bolivia”. Sin embargo, destaca que hay una contrafuerza crecinte, representada en la sociedad civil que entiende que “esto no puede seguir así”.

A pesar de la leyes que permiten las quemas, en temporada de sequía, la ABT suele emitir prohibiciones que poco se acatan porque las sanciones pecuniarias son irrisorias: dependiendo del tipo de propiedad pueden ir desde 2 bolivianos a 15 bolivianos por hectárea (de 0,20 y 2,10 dólares).

Las sanciones penales, que se dan cuando se tratan de incendios en zonas forestales, van de tres a ocho años de prisión. Este año, las quemas están prohibidas entre el 1 de agosto y el 31 de octubre y, según la ABT, se iniciaron al menos 48 procesos penales por incendios.

Cinco hombres fueron detenidos el jueves tras ser encontrados iniciando un incendio, deberán someterse a un proceso penal.

Las cifras de 2024 están cerca de igualar a las de todo el 2023, cuando según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se quemaron 3,5 hectáreas en todo el país, de las cuales cerca del 40% era bosque, el resto es pastizales, áreas de producción para ganado y para soja, trigo y otros.

Según informes de Global Forest Watch (GFW), Bolivia ocupó el tercer lugar en los países con mayor pérdida de bosque primario tropical en el año 2023, solo detrás de Brasil y el Congo. Entre 2001 y 2023, Bolivia tuvo una disminución del 12% de su cobertura arbórea.